EL MAQUILLAJE QUE HACE A TOLUCA GUAPA, PERO ESCONDE LA VERDADERA CIUDAD DETRÁS DEL FILTRO
Por Any Muñoz
Por momentos, Toluca parece una ciudad que intenta avanzar con el freno de mano puesto: una capital que camina con paso cansado entre baches, escasez de agua, falta de medicamentos y servicios de salud adecuados, inseguridad creciente y una administración pública que, sexenio tras sexenio, parece más ocupada en proyectar la ilusión de movimiento que en resolver lo que se desmorona a simple vista.
Las dos administraciones previas —las encabezadas por Juan Rodolfo Sánchez Gómez (2019-2021) y Raymundo Martínez Carbajal (2021-2023)— dejaron algo más que deudas financieras: dejaron una estela de reclamos, promesas incumplidas y grietas institucionales que aún hoy permanecen abiertas. Quienes conocen el pulso del municipio describen esos periodos como años de desorden administrativo, decisiones opacas y un deterioro que se acumula en cada área del ayuntamiento, desde servicios públicos hasta recursos humanos.
Una herencia que pesa más que las cifras
Cuando la nueva administración, encabezada por Ricardo Moreno Bastida, tomó posesión, la expectativa ciudadana era simple: que por fin alguien abriera los cajones donde se habían guardado los asuntos pendientes. Entre ellos, uno especialmente doloroso:
el pago de finiquitos y prestaciones a las familias de trabajadores municipales fallecidos por COVID-19, casos en los que existían dictámenes de defunción emitidos por ISSEMyM, señalando el contagio como consecuencia directa de las condiciones laborales en las que se encontraban.
Las familias —madres, esposas, hijos— realizaron todos los trámites exigidos. Llevaron documentos, certificaciones, pruebas. Lo único que no han recibido es una respuesta. Ni la administración que provocó el rezago ni la que la sucedió han logrado o querido cerrar ese capítulo.
Con cada mes que pasa, esas carpetas empolvadas se vuelven una herida abierta. Y mientras los expedientes duermen, también lo hacen los derechos laborales de quienes, paradójicamente, murieron trabajando.
Estos derechos no son un acto de buena voluntad administrativa: están respaldados por la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y por los principios de indemnización por riesgos de trabajo establecidos en el propio ISSEMyM, que obliga a reconocer como accidente laboral un contagio comprobado ocurrido en el desempeño del servicio público. La omisión en el pago no solo es un pendiente administrativo: constituye una violación directa al derecho laboral adquirido y al principio constitucional de seguridad social.
Jubilados sin finiquito: el otro rostro de la deuda moral
Otro capítulo del mismo expediente social es igualmente alarmante: servidores públicos retirados —con 30 años o más de servicio— continúan esperando el pago de lo que la ley les reconoce.
La explicación recurrente es tan vieja como inaceptable: «No hay dinero». Pero la propia ciudadanía se pregunta: ¿cómo puede no haber recursos para quienes sostuvieron la operación del municipio durante décadas, pero sí para sueldos elevados, gastos superfluos, eventos masivos, artistas invitados y arreglos decorativos que duran lo que dura una festividad?
La contradicción es tan evidente que ya no necesita ser subrayada: basta caminar por Toluca para encontrarla en cada esquina.
La nueva administración y la vieja sombra
Con la llegada de Ricardo Moreno muchos esperaban un viraje claro. No un milagro administrativo, sino la decisión política de poner orden y responder a las pendientes más urgentes.
Sin embargo, al día de hoy, los temas más álgidos siguen atorados en cabildo, envueltos en discusiones que no llegan a soluciones visibles. Mientras tanto, el discurso público se concentra en embellecer la ciudad, “darle vida”, “recuperar los espacios”, “poner guapa a Toluca”.
Y sí, la ciudad luce guapa. Hermosa, incluso, en algunas zonas de la Ciudad. El Centro Histórico brilló durante el Día de Muertos; los adornos fotogénicos atrajeron turistas; hubo festivales, luces, escenarios…
Pero la belleza, en política, suele tener un precio:
cuando los recursos se destinan a lo estético antes que, a lo esencial, no se embellece la ciudad, se maquilla. Toluca vive un fenómeno tan viejo como la política misma:
pan y circo, mientras los temas de fondo se posponen.
A esta cadena de pendientes se suma un problema más reciente y no menos grave: despidos injustificados dentro de la actual administración, incluso entre personal sindicalizado —protegido por derechos adquiridos—, así como trabajadores de confianza o por contrato a quienes tampoco se les reconoce el pago correspondiente tras su cese. Se denuncian casos de hostigamiento laboral, presiones internas y prácticas que violan el propio Reglamento de Servidores Públicos del Municipio de Toluca y los principios básicos de estabilidad laboral del servicio público. Mientras se exige productividad y disciplina, a muchos se les niega el mínimo de respeto institucional.
Baches, agua y seguridad: la administración que se hunde en sus propios hoyos
Las calles continúan llenas de baches que podrían tragarse la mitad de un automóvil; la escasez de agua afecta colonias enteras; la inseguridad se siente a cualquier hora del día; y el servicio público, de arriba abajo, muestra fisuras estructurales.
Los trabajadores municipales siguen esperando sus pagos. Las familias de fallecidos siguen tocando puertas. Los jubilados siguen recibiendo largas.
Pero las luces y los adornos no faltan. Los artistas tampoco.
Y el presupuesto para espectáculos parece estar siempre a salvo.
En vísperas de diciembre, Toluca se prepara para deslumbrar nuevamente con sus proyectos navideños. La administración sonríe. La ciudad se ilumina. Las cámaras captan la postal perfecta. Mientras tanto, los problemas que importan siguen en penumbra.
Análisis final: la deuda que no se ve, pero que define a un gobierno
La política municipal no se mide por el brillo de sus festividades ni por el número de publicaciones en redes sociales. Se mide por su capacidad de cumplir con lo esencial: garantizar derechos, cerrar pendientes, reparar agravios y sostener la vida cotidiana de la ciudadanía.
Toluca vive un momento que exige menos espectáculo y más rendición de cuentas.
Menos ornamento y más administración. Menos anuncios y más hechos.
Las familias de los trabajadores fallecidos, los jubilados sin finiquito y los servidores que esperan desde hace años respuestas no piden milagros: piden justicia administrativa.
Y aunque los adornos navideños iluminen la capital, hay un hecho que ningún foco oculta: una ciudad puede brillar hacia afuera, mientras por dentro continúa en oscuridad.
Toluca merece más. Y merece, sobre todo, que lo verdaderamente importante deje de ser lo eternamente postergado.