Ana Karen Rodea MuñozCOLUMNISTAS

PROTOCOLO PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL VOTO Y A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Por ANY MUÑOZ

El Instituto Nacional Electoral – INE – trabaja de manera constante para generar acciones que involucren a toda la ciudadanía mexicana atendiendo a las necesidades de la misma, con ello, pretende la protección de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, disminuyendo la brecha de barreras que pudieran limitar la total libertad del ejercicio ciudadano al voto buscando la equidad, igualdad, paridad de género, no discriminación por raza, sexo o preferencia sexual o bien por el padecimiento de alguna discapacidad.

Prende por otra parte buscar la inclusión y participación plena de las y los ciudadanos no solo en el ámbito electoral, sino también, su involucramiento en temas de cultura política, educación cívica, observancia electoral, derecho y administración electoral, capacitación y participación ciudadana, como la promoción misma de dichas actividades. 

En este sentido, el protocolo entendido a partir de una serie de normas y/o reglas para la regulación de efectivas acciones por parte del instituto atiende a la participación ciudadana para que estas – personas – puedan responder, opinar, decidir, involucrarse e interactuar mediante una acción comunicativa y de acción positiva, a través, de su toma de decisiones y resolución a las problemáticas sociales de las que también son parte a favor de los temas que afectan a sus comunidades. 

Es así como, se puede hablar de garantizar que los derechos políticos y electorales se respeten y se hagan valer conforme a lo establecido en la ley y serie de normas que le respaldan que entre otras están la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las personas con discapacidad, La Organización de las Naciones Unidas, La Ley General para las personas con discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; entre otras, que pudieran incidir directamente en el tema garantizando así que las personas puedan votar, pero también ser votadas, y ser parte de las decisiones del país.

En este sentido el enfoque dentro del documento regulatorio como parte del eje estratégico para la inclusión yace en poner atención en el involucramiento de las personas con discapacidad, buscando con ello la igualdad y no discriminación y hacerles participe del grupo de ciudadanas y ciudadanos que participan el día de la elección como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla – FMDC – y aquellas y aquellos que participan como figuras de observadoras y observadores electorales.

Por lo cual, se enuncian solo 5 de las 15 acciones que se promueven dentro del protocolo para garantizar el derecho al voto y participación de las personas con discapacidad: 

  1. Un trato incluyente y respetuoso.
  2. Que se le brinde acceso al voto libre, secreto y seguro como confiable en la casilla que les toca cerca a su domicilio y en su caso en alguna especial cuando se encuentren lejos del mismo.
  3. No necesariamente deben hacer fila para poder entrar a la casilla.
  4. Si requieren de algún apoyo para emitir su voto pueden y deben hacerlo con la persona que sea de su confianza o mismo personal del instituto que esta para apoyarles, no debe negarse ese apoyo.
  5.  El personal de casilla deberá informar a las personas con discapacidad sobre los materiales de apoyo con los cuales se cuenta como: mampara especial, plantilla en sistema braille, sello “x” para marcar su elección, cojín de tinta, en caso de que la persona requiera utilizar alguna de estas herramientas.     

Cabe mencionar, que el documento posee a detalle como atender a las personas con diversos tipos de discapacidad ya sea visual, física, auditiva, mental o psicosocial, así como, aquellas discapacidades que no se notan como, esclerosis múltiple, hipertensión pulmonar, autismo, personas con trastorno de salud mental (ansiedad, estado de ánimo, psicóticos y de personalidad).

Todo ello, con la finalidad de no discriminar ni juzgar, sino más, bien hacerles parte del aparato social del que también son parte como ciudadanas y ciudadanos, por lo que, se hace la invitación al lector a revisar el protocolo completo y apropiarse de una nueva visión de inclusión ciudadana y participación de la misma, al igual que adquirir un lenguaje incluyente.

 

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