“¡SÚBALE, SÚBALE, SÚBALE… HAY LUGARES!”

 

Por Any Muñoz.

 

La frase que da título a esta crónica —“Súbale, súbale, hay lugares”— no solo evoca el grito cotidiano de los choferes. También recuerda la famosa canción que con ironía describe esta forma de viajar.

La sátira musical, que alguna vez nos hizo reír, hoy funciona como espejo incómodo de nuestra realidad: un país donde mover cuerpos es más importante que mover ciudadanos, donde transportar gente se parece demasiado a trasladar ganado.

El transporte del Estado de México es una metáfora perfecta de su crisis institucional: se mueve, sí, pero no avanza. Y cada tarifa más alta solo confirma que el problema no es el precio, sino la ausencia de un Estado que regule supervise y defienda.

Y es que el transporte público del Estado de México siempre ha tenido su propio lenguaje: un acelerón para avisar que ya va tarde, un claxon para reclamar la existencia ajena, un frenón para recordar que la vida es frágil. Pero ningún sonido es tan emblemático como el grito que atraviesa las calles desde hace décadas:

“¡Súbale, súbale, súbale… hay lugares!”

Una frase que, en teoría invita, pero que en la práctica se parece más a una advertencia: aborde bajo su propio riesgo.

En un estado donde la movilidad debería ser un derecho básico, los camiones se han convertido en un territorio sin ley, sin control y sin mínimos de dignidad. Y, paradójicamente, también en un negocio tan lucrativo como intocable.

Primero exigieron aumentar la tarifa de $12 a $14 pesos. Ahora, aún sin pasar ni tres meses del aumento de la tarifa piden subir a $17 pesos ¿A dónde vamos a parar? Y las excusas continúan siendo: la inflación, dijeron. La gasolina, añadieron. Los costos de operación insistieron.

Lo que no explicaron es por qué, pese a pagar cada vez más, el usuario recibe cada vez menos.

En buena parte del Estado de México —y de manera particular en la zona metropolitana de Toluca— viajar en camión significa convivir con asientos rotos, respaldos que se mueven como si las bisagras fueran de gelatina, botones de parada que no funcionan, vidrios quebrados, puertas que no cierran bien y un olor a humedad mezclado con desidia que parece haberse vuelto parte del equipamiento oficial.

 

Las unidades de línea urbanas como Xinantecátl, Tornado, Colón Nacional, Triángulo Rojo, Estrellas del Noreste, Transportes Urbanos y Suburbanos Toluca, Inter metropolitano, Urbanos del Valle, Atlacomulco–Toluca urbano, y decenas de rutas locales que conectan colonias con zonas escolares, administrativas y comerciales. Es decir, los clásicos camiones blancos, verdes o multicolores que recorren vías como Paseo Tollocan, Isidro Fabela, Alfredo del Mazo, Venustiano Carranza, Morelos, Ceboruco, Pino Suárez, López Mateos, Las Torres, y prácticamente toda la ciudad; parecen competir no en calidad, sino en precariedad.

El usuario paga un servicio “moderno”, pero recibe un transporte que, en muchos casos, rivaliza más con un corral móvil que con un vehículo público.

Y, aun así, el grito continúa: “¡Súbale, súbale, hay lugares!”

Aunque ya no haya ni aire, ni espacio, ni seguridad.

 

Conductores bajo el volante… y bajo otras influencias

En un país donde se exige licencia para manejar un auto compacto, en el transporte público mexiquense circulan choferes que no solo carecen de licencia, sino que, según testimonios de ellos mismos, manejan bajo los efectos del alcohol o de las drogas.

En una conversación casual, un conductor confesó que la mayoría “se echa algo” para aguantar la jornada: – Aquí todos vamos cargados… si no, no aguantas el turno.

Lo más perturbador es que los checadores —los mismos que presionan para salir rápido y sin revisar unidades— les ofrecen la droga, como si se tratara de una herramienta laboral más.

El volante en manos de alguien alterado no es solo un riesgo; es una sentencia en potencia. Y, sin embargo, estos operadores circulan todos los días sin que tránsito los detenga, sin que les pidan documentos, sin pruebas antidoping, sin supervisión.

¿Por qué? La respuesta es tan cruda como conocida:

existe un acuerdo no escrito entre los dueños de las líneas y el gobierno del Estado para no tocar a sus choferes.

Lo que en las calles llaman “la mochada”, en términos políticos se traduce como tolerancia negociada.

Y mientras tanto, cada frenazo indebido, cada vuelta imprudente, cada cambio abrupto de carril se convierte en un recordatorio de que la vida del pasajero vale menos que una cuota.

 

Rutas que no se respetan y reglas que no existen

Los camiones del Estado de México han hecho del caos un sistema.

Muchos conductores no respetan rutas, se cobran de más si el usuario no trae cambio exacto, no respetan semáforos, y conducen como si la ciudad les perteneciera en exclusiva.

El usuario apenas pone un pie en el primer escalón, y el operador arranca como si estuviera huyendo de algo.

 

A la hora de bajar ocurre lo mismo:

 

– ¿Va a bajar? ¡Pues bájele rápido porque no tengo todo el día!

 

Un modo de operar que no solo es agresivo, sino peligroso.

Cada año, decenas de personas caen, tropiezan o son arrastradas por unidades que no esperan, no cuidan, no detienen la marcha. Las empresas dicen que capacitan. Los usuarios saben que no.

 

La delincuencia: pasajero frecuente

La inseguridad en los camiones dejó de ser anécdota para convertirse en rutina.

Asaltos a mano armada, carteristas expertos en aprovechar los viajes apretados, tocamientos y acoso sexual disfrazados de “lo siento, es que va muy lleno”.

La distancia social, esa noción que alguna vez existió, desaparece en los pasillos.

Cuando las unidades van saturadas, el cuerpo del otro se impone, invade, condiciona.

Y así, cada pasaje se vuelve una combinación incómoda de miedo, sudor y resignación.

 

El pacto invisible: cuando todos saben y nadie actúa

La pregunta ya no es por qué el servicio es tan malo.

La pregunta es por qué se permite que siga así.

A diferencia de otras entidades, el transporte mexiquense no solo está descentralizado; está capturado por concesionarios que han convertido su negocio en un feudo impenetrable, donde las reglas no las dicta la autoridad, sino quienes controlan las rutas. No es un secreto para nadie que, en muchas zonas, el transporte mueve más dinero que la obra pública. Y cualquier sistema que genere dinero sin regulación tiende a generar también impunidad.

El Estado mira hacia otro lado, inmerso en negociaciones de pasillo donde las tarifas se discuten más que la seguridad. Los dueños de las rutas se protegen entre sí. Los choferes operan bajo un régimen donde nadie los evalúa. Y el usuario paga, aguanta y sobrevive.

 

Un retrato urgente de lo que ya no podemos normalizar

La movilidad es un termómetro social. Y en el Estado de México, ese termómetro indica fiebre alta.

Un sistema que cobra como si ofreciera modernidad, pero opera como si fuera una reliquia. Un Estado que mira, pero no interviene. Un usuario que paga, pero no recibe.

Así que el grito seguirá sonando en las calles, cada vez más irónico, cada vez más doloroso: “¡Súbale, súbale, súbale… hay lugares!”

Hay lugares, sí.

Para la incomodidad.

Para el miedo.

Para la impunidad.

 

 

Para la resignación de un pueblo que viaja apretado no solo entre cuerpos, sino entre injusticias.

Y mientras nadie detenga este camión, México seguirá avanzando como avanza su transporte: rápido, sucio, agresivo… y sin rumbo claro.